¿Quién está en la cárcel y por qué?

Existe la falsa percepción pública de que las cárceles de todo el país están saturadas con personas que han cometido delitos no violentos y que están en prisión simplemente porque no pueden pagar la fianza.

Los delitos no violentos incluyen aquellos que no implican el uso de la fuerza ni causan lesiones a una persona. El daño económico y la pérdida para un individuo determinan la gravedad del delito no violento y a menudo implican un delito contra la propiedad, como el robo o el hurto. La prostitución, los delitos relacionados con drogas y alcohol, y otros delitos de cuello blanco también se consideran no violentos.

Los delitos violentos implican fuerza y lesiones a un individuo, y su gravedad se determina por el grado de daño físico causado o el tipo de arma utilizada. Ejemplos de delitos violentos incluyen el homicidio, la agresión sexual, la agresión física, la privación ilegal de la libertad, la violencia doméstica y el robo con violencia.

Según el informe de 2019 de Iniciativa de Política Penitenciaria, más de 460,000 personas recluidas en cárceles de todo el país no han sido condenadas por un delito. Los acusados de delitos violentos constituyen la mayor parte de esta población, seguidas de arrestos por delitos relacionados con drogas y delitos contra la propiedad.

Un arresto por parte de la policía es un asunto grave porque priva a alguien de su derecho fundamental a la libertad. Por lo tanto, existen procedimientos que la policía debe seguir para que un arresto sea legal. Un oficial de policía debe haber observado personalmente un delito para arrestar a alguien por un delito. El oficial tiene causa probable para creer que una persona cometió un delito, o el oficial tiene una orden de arresto emitida por un juez.

¿Castiga el sistema de justicia penal la pobreza?

El debate en torno a la reforma de la fianza en este país se centra en el concepto de que las personas en cárceles y prisiones son abrumadoramente pobres en comparación con la población general. Por lo tanto, el sistema de justicia penal castiga la pobreza, comenzando por el costo de la fianza.

De acuerdo con La conexión entre la pobreza y el delito, los estudios muestran que las personas recurren al delito solo si determinan que los beneficios potenciales superan el costo o las consecuencias de cometerlo. Por lo tanto, las personas empobrecidas son más propensas a cometer allanamientos, asaltos o robos. Además, los barrios donde se concentra la población pobre son más propensos a tener altas tasas de delincuencia, y los residentes pobres son las víctimas más comunes de los delitos.

Los defensores de la reforma de la fianza siguen liderando esfuerzos equivocados para liberar a acusados de delitos mediante métodos de liberación sin garantía que fomentan resultados irresponsables. Como resultado, delincuentes reincidentes y peligrosos están siendo liberados en los vecindarios que los defensores de la reforma de la fianza dicen representar: los sectores pobres y marginados. Estas difíciles reformas de la justicia penal permiten a los delincuentes habituales y desestiman los derechos de las víctimas y de los ciudadanos respetuosos de la ley.

La industria de la fianza comercial garantiza la comparecencia de un acusado ante el tribunal. Asume el riesgo financiero si el acusado no se presenta. La industria no toma decisiones de liberación ni fija los montos de las fianzas; lo hace el tribunal. La mayor parte de la industria coincide en que cualquier decisión de liberación debe basarse en el historial criminal del acusado, incluidas las faltas de comparecencia anteriores y cualquier peligro que represente para la comunidad. La industria se financia mediante los usuarios y no con fondos de los contribuyentes.

Ayudamos a las personas a salir de la cárcel todos los días

Los agentes de finanzas de la fianza ayudan a diario a las personas a recuperar su libertad y regresar con sus familias, trabajos y comunidad. Hacemos posible que los acusados con fianzas elevadas debido a su delito y antecedentes penales sean puestos en libertad a cambio de una pequeña tarifa no reembolsable, una fracción del monto total de la fianza. Asimismo, aquellos con fianzas más bajas también pueden ser el ’pan de cada día“ para el negocio de los agentes de fianza.

Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, todos deseamos criar a nuestras familias en un entorno seguro. Por lo tanto, esperamos que aquellos que deciden cometer un delito enfrenten las consecuencias de ese acto, ya sean pobres o adinerados.

Las víctimas del delito no deben ser revictimizadas mediante la liberación sin rendición de cuentas de los acusados que han cometido un delito en su contra. Todos queremos que se haga justicia y vivir y trabajar en nuestras comunidades sin miedo.

Desde el principio, la institución de la fianza se ha construido en torno al hecho de que no todo el mundo tendrá suficientes recursos para pagar el monto de la fianza requerido. Eso es inherente al concepto de fianza, y los tribunales han rechazado sistemáticamente el argumento de que la Octava Enmienda, la disposición sobre fianzas excesivas, le otorga a alguien el derecho a una fianza accesible.

La industria de la fianza comercial tiene una larga e histórica asociación en el sistema de justicia penal. El propósito de la fianza es garantizar la comparecencia de un acusado ante el tribunal. La fianza comercial ha hecho esto durante generaciones en los EE. UU. con un historial sobresaliente de rendición de cuentas sin costo para el contribuyente. Es un sistema que protege a nuestras comunidades y debería seguir haciéndolo.

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